La aprobación en Colombia de una ley de indemnización a las víctimas de la violencia política en ese país, aprobada este martes por la Cámara de Representantes, ha generado respuestas negativas desde la oposición y las distintas organizaciones sociales vinculadas al tema.

El proyecto aprobado incluye, por proposición del Ejecutivo, la condición de que las víctimas por la acción del Estado, sólo podrán acogerse a la reparación económica si los funcionarios oficiales que actuaron en contra de ellas fueron condenados por los hechos.

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