Desde su entrada en vigencia, muchos latinoamericanos solicitaron en el país ibérico acogerse al plan de retorno voluntario. El programa (aprobado en septiembre de 2008 por el Gobierno ibérico) señala que quienes se sumen a la iniciativa recibirán en España el 40% de la prestación por desempleo y luego en el país de origen, el resto, una media de 9.000 euros. A cambio, tienen que regresar a su país y no volver a España por un período de tres años.

El Ministerio español de Trabajo e Inmigración ya abonó casi u$s30 millones en concepto de prestación contributiva por desempleo. Según cifras facilitadas por el Ministerio español de Trabajo e Inmigración, un total de 5.099 trabajadores no comunitarios desempleados solicitaron acogerse al plan de retorno voluntario, y son los ecuatorianos, colombianos y argentinos, las nacionalidades con un mayor número de expedientes tramitados.

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Ismael Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) de Galicia denunció que sólo 150 de las más de 4.000 peticiones de asilo presentadas en España durante 2008 fueron aceptadas. Esto significa que hay un 95 por ciento de rechazos. El organismo está realizando desde el sábado diversas actividades en Vigo referentes a la próxima reforma de las leyes de Asilo, Extranjería y el Código Penal en España.

En ese marco, AI recogió unas 200 firmas para pedir que en la Ley de Extranjería se contemplen los derechos de los inmigrantes, que la Ley de Asilo no sea uno más de los obstáculos ya existentes y que la lucha contra la discriminación sea una realidad. “El gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos de los inmigrantes”, subrayó Álvarez.

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Actualmente viven en Bélgica unos 100 mil indocumentados. “Varios miles” de ellos -unos “15 mil, 20 mil ó 30 mil”- están a la espera de una regularización, dijo Fred Mawet, representante de la Forum Asile y Migrations (FAM). Ésta es una de las muchas organizaciones de la sociedad civil que, preocupadas por el asunto, están presionando al gobierno para que defina los criterios de regularización.

“Es necesario tener criterios claros para las personas que trabajan, que están integradas, pero que no están regularizadas”, explicó Mawet, que se reunió hoy -junto a otros activistas- con el primer ministro Herman Van Rompuy, para tratar el tema. Éste respondió que “podría haber una solución antes de las elecciones” regionales a celebrarse el 7 de junio, según lo informado por AFP.

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Una denuncia realizada por la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) sostiene que los registros y datos aportados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) sobre el número de desempleados, excluyen a los extranjeros que no pudieron renovar su permiso de trabajo en España.

Miles de extranjeros perdieron su empelo antes de llegar a conseguir los requisitos suficientes para cobrar el subsidio y, ahora quedaron en condición de “indocumentados”.

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Organizaciones pro inmigrantes de Estados Unidos iniciaron el lunes el recorrido de la Marcha Migrante, en su cuarta edición. Cruzarán todo el país con el fin de recordarle al presidente Barack Obama que prometió reformar las leyes migratorias. Simbólicamente, parten el día del aniversario del tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México cedió a Estados Unidos gran parte de su territorio.

Los activistas cruzarán el país por los estados del Sur hasta Florida y luego subirán por la Costa Este hasta Washington, la capital del país. La travesía durará dos semanas. En el camino, se reunirán con organizaciones locales para realizar actos, reuniones, vigilias y manifestaciones.

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Suicidios por ahorcamiento se registran en el 80% de los fallecimientos de inmigrantes en cárceles y comisarías en España.

Desde la Plataforma “Justicia para Alfonso”, se exige el esclarecimiento del supuesto suicidio de Alfonso Fortín Sánchez, un inmigrante hondureño fallecido en la comisaría de la Policía Nacional de Getafe en Noviembre de 2008 y cuyo caso aún resulta dudoso.

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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, el número de inmigrantes que viven en dicho país se reducirá significativamente en los próximos tres años. De los 960.000 extranjeros registrados en 2007, tan sólo quedarían en 442.000 en 2012, según las estimaciones del organismo, que comprendieron numerosas variables.

Los datos se dieron a conocer el miércoles a través de su informe “Proyección de la Población 2008-2018″, que recoge comportamientos demográficos recientes e intenta predecirlos en los parámetros de ‘mortalidad’, ‘fecundidad’ y ‘migraciones’. El informe calcula que en 2018 se estabilizaría la entrada de inmigrantes, con una media anula de entre 400 y 500.000 personas, cifra ampliamente menor a las 700/800.000 registradas en el período 2004-2008.

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Los niños italianos que vayan a las escuelas de la localidad italiana de Novara (al norte del país) tendrán el servicio de comedor y de autobús en forma gratuita. El ayuntamiento decidió tomar esa medida después de que muchos padres decidieran cambiar a sus hijos de escuela por el alto número de inmigrantes que concurren a las de Novara.

Según informa el diario turinés La Stampa, el gobierno se ve en la necesidad de fomentar la integración de los inmigrantes, ya que en algunos centros educativos hay clases con hasta un 80 por ciento de alumnos extranjeros.

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En una región agrícola de EE.UU, llamada Greenfield, a 225 km al sudeste de San Francisco, el padre acudió a la policía denunciando no haber recibido el pago del acuerdo que hizo para la venta de su hija; Marcelino de Jesús Martínez, de 36 años, fue detenido junto  a un joven de 18 años, quien sería la otra parte del contrato de compraventa por su hija adolescente.

Violando las leyes de California sobre tráfico humano y violación de un menor según informó una fuente policial, a cambio de dinero, alcohol y comida, se acordó un matrimonio por el cual la hija de 14 años habría sido obligada a mudarse con su “marido”.

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Migreurop, una red que agrupa a 32 asociaciones de Europa y África, pidió que se garantice legalmente y sin restricciones el derecho de acceso de la sociedad civil a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Europa. Además, exigen transparencia con respecto a cómo funcionan realmente.

La red lanzó una campaña que demanda a los gobiernos europeos que garanticen el ejercicio de un control regular sobre la situación de los inmigrantes detenidos en esos lugares, por parte de organizaciones independientes.

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