Hilda Solís, nueva secretaria de Trabajo de Estados Unidos, anunció que se interrumpirá por nueve meses el programa de trabajos agrícolas huéspedes H-2A, hasta que se adopte una medida definitiva al respecto. La decisión fue aplaudida por diversos grupos de defensa de los derechos humanos.

El programa había sido puesto en vigor por el gobierno del ex presidente George W. Bush en diciembre pasado, con el fin de facilitar y abaratar la contratación de mano de obra agrícola temporal de trabajadores extranjeros. Sus reglas permitían que los propietarios de tierras les pagaran sueldos menores y les ofrecieran menos prestaciones a los empleados.

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Una denuncia realizada por la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) sostiene que los registros y datos aportados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) sobre el número de desempleados, excluyen a los extranjeros que no pudieron renovar su permiso de trabajo en España.

Miles de extranjeros perdieron su empelo antes de llegar a conseguir los requisitos suficientes para cobrar el subsidio y, ahora quedaron en condición de “indocumentados”.

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La Comisión Europea (CE) envió a España una carta de advertencia final, antes de abrirle un proceso ante la justicia europea, debido a que ésta se niega a entregarle a turistas y residentes temporales extranjeros los medicamentos de forma gratuita durante su permanencia en el país, como marca la legislación europea.

Sólo los jubilados con Seguridad Social en España pueden obtener medicinas gratis, según las leyes del país. Para acogerse al mismo derecho, los jubilados de otros países de la Unión Europea (UE) deben presentar un documento específico, además de su tarjeta europea de salud, que según Bruselas debería ser el único requisito.

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Migreurop, una red que agrupa a 32 asociaciones de Europa y África, pidió que se garantice legalmente y sin restricciones el derecho de acceso de la sociedad civil a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Europa. Además, exigen transparencia con respecto a cómo funcionan realmente.

La red lanzó una campaña que demanda a los gobiernos europeos que garanticen el ejercicio de un control regular sobre la situación de los inmigrantes detenidos en esos lugares, por parte de organizaciones independientes.

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