El Gobierno de Sudán expulsó del país a diez ONG extranjeras que realizan trabajos sociales ya que considera que cooperan con el Tribunal Penal Internacional (TPI), el cual ordenó el arresto del presidente Omar Hassan al Bashir por crímenes de guerra.

Las ONG expulsadas comunicaron que millones de personas quedarán sin asistencia humanitaria, lo cual supone escasez de comida, agua, sanidad o refugio.

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Al mismo tiempo que contribuyen a la justicia y la equidad, las leyes a veces también lo hacen a deslegitimar las iniciativas sociales no inscriptas en el sistema. Este fue el caso de los pobladores de la aldea rumana de Marginea, quienes cansados de esperar por una solución del gobierno, unieron sus fuerzas para construir un puente recientemente destruido por inundaciones.

Como consecuencia, el fiscal Viorel Damu dijo que la policía intentaba identificar a los que trabajaron en el puente y que los culpables enfrentan hasta tres años de cárcel y unos 20.000 dólares de multa.

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