Justicia brasileña entrega reserva a indígenas y ordena a pobladores blancos desalojar las tierras
La reserva indígena Raposa Serra do Sol, de 17 mil kilómetros cuadrados en el estado de Roraima, en la Amzonia, será destinada a 19 mil indígenas de cinco diferentes etnias que la pueblan, y los blancos que explotan las tierras comprendidas en esa demarcación tendrán que desalojarla.
La orden fue impartida por el Tribunal Superior de Justicia, luego de tres décadas de litigio.
En 2005 estas tierras habían sido destinadas a esa reserva por parte del gobierno brasileño, que dio un plazo de un año para que los pobladores blancos (grandes productores arroceros, asalariados y familias al servicio de estos) de las desalojaran, lo que no se cumplió. En 2008 la policía inició un desalojo que luego debió suspender por una orden de la justicia para estudiar el caso en profundidad.
Este jueves la justicia resolvió, y lo hizo a favor de los indígenas, por lo que los pobladores blancos no tendrán otra opción que abandonar finalmente esas tierras, en un plazo que será resulto por el juez Carlos Britto.
Al respecto del fallo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcio Meira, destacó que “Esta decisión es una gran victoria de los indígenas y consagra y reitera la política indigenista en favor de las garantías de los derechos de los pueblos indígenas”.
La decisión judicial puso condiciones para la entrega de la reserva a los indígenas, entre otras que el territorio será de libre acceso par las Fuerzas Armadas brasileñas. Este aspecto generó preocupación en las organizaciones aborigenistas, en torno a las dificultades de gestión de las tierras y su aprovechamiento, con la presencia del ejército en ellas.
Las protestas por el fallo judicial se hicieron sentir desde varios sectores.
El más fuerte de los arroceros de la reserva, Paulo Cesar Quartieiro, en declaraciones formuladas a la agencia AFP, exigió que “el proceso sea revertido”, y fue categórico al afirmar que “Los brasileños van a tener que reconquistar sus tierras”.
También las autoridades estaduales se hicieron escuchar en contra del veredicto, aduciendo que la producción arrocera es el 7% del PIB del distrito, y que las reservas indígenas ya tienen el 46% del Estado.
No faltaron las observaciones de parte de los militares, que a través del comandante apostado en la Amazonia, general Augusto Heleno, pidió una revisión de la política indigenista del gobierno.
Artículos relacionados:
- Indígenas y campesinos guatemaltecos impulsan ley en defensa de sus derechos
- Trabajo forzoso en comunidades indígenas en Bolivia ha sido denunciado por una misión de la ONU
- Colombia: FARC asesinan a grupo de indígenas
- Pueblos indígenas de América reunidos en Perú, a orillas del lago Titicaca
- Mejora sistema de entrega gratuita de preservativos en Brasil
