Ley reparación a víctimas de violencia en Colombia provoca diferencias entre gobierno, oposición y organizaciones sociales
La aprobación en Colombia de una ley de indemnización a las víctimas de la violencia política en ese país, aprobada este martes por la Cámara de Representantes, ha generado respuestas negativas desde la oposición y las distintas organizaciones sociales vinculadas al tema.
El proyecto aprobado incluye, por proposición del Ejecutivo, la condición de que las víctimas por la acción del Estado, sólo podrán acogerse a la reparación económica si los funcionarios oficiales que actuaron en contra de ellas fueron condenados por los hechos.
Otra inclusión, también por sugerencia del Ejecutivo refiere al carácter de la indemnización, esta quedó caracterizada por “solidaridad”, y no por “responsabilidad” del Estado.
En opinión del diputado opositor Guillermo Rivera (en primer plano en la fotografía), impulsor de la ley, que luego fuera aprobada con los cambios expresados, “lo que hizo el gobierno fue una salvajada con las víctimas”.
El representante agregó que la condición de la condena contra el funcionario para que la víctima pueda acogerse a la reparación es violatoria de una resolución de las Naciones Unidas, en la que se establece que toda víctima tiene derecho a reparación más allá de que su verdugo “haya sido identificado, procesado o condenado”.
Rivera señaló que para el gobierno priman las consideraciones “políticas e ideológicas”.
Por su parte, Iván Cepeda, líder de una asociación de víctimas del Estado, adelantó que si el proyecto no es corregido estará presentándose frente a la Corte Constitucional para establecer una demanda contra este.
Cepeda señaló a la agencia AFP que el proyecto “desconoce los derechos de las víctimas, viola el principio de igualdad, excluye la restitución de tierras y desfigura el concepto de la reparación al darle carácter asistencialista”.
También, consultada por la agencia internacional, opinó Esperanza Marchán, viuda de Eduardo Avila, dirigente cívico asesinado presuntamente por la policía en octubre de 2000, que “es la continuación de la impunidad”.
El proyecto “revictimiza” dijo Marchán a las víctimas porque las expone a demandar a los victimarios, que en algunos casos aún están en ejercicio de cargos, por lo que quedan expuestos.
Desde el gobierno, opinó el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, quien defendió el proyecto argumentando que indicando que esta ley logra un “equilibrio” entre la legislación interna y el respeto a los estándares internacionales, con “viabilidad fiscal”.
Artículos relacionados:
- Dura evaluación de Amnistía Internacional respecto de los cien días de Obama en el gobierno de los Estados Unidos
- Francia establecerá un plan para indemnizar a las víctimas de sus ensayos nucleares
- La violencia en el fútbol cobró dos víctimas fatales en Argentina
- Violencia machista es importante flagelo entre mujeres inmigrantes en España
- Gobierno español envía al Parlamento reforma a ley de extranjería
