Situación de los derechos humanos en Chile observada por AI en su informe anual
Amnistía Internacional (AI) observó en 2008 “algunos avances” en lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Chile, pero también denunció la “creciente criminalización” de la protesta social en ese país.
En Chile “los pueblos indígenas y las personas que defendían sus derechos siguieron siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señaló la organización desde Londres, en el marco de su informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo.
Según la información de EFE, AI afirmó que las manifestaciones de protesta, con frecuencia vinculadas con reclamos sociales, “fueron objeto de una creciente criminalización”, y que en algunos casos la policía hizo uso “excesivo” de la fuerza contra los manifestantes.
Las “tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas -en especial la comunidad mapuche- siguieron siendo muy fuertes”, según AI. Por otra parte, se ve como elemento positivo la puesta en marcha del Pacto Social por la Multiculturalidad por parte del gobierno. Se trata de “un marco político para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
En lo que tiene que ver con los juicios en relación a las violaciones a los derechos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, la organización humanitaria hace mención a cifras oficiales que indican que en lo previo “seguían vigentes 1.125 casos” ocurridos durante ese período y “3.195 ya habían sido sujetos a investigación”. Al terminar 2008, “un total de 245 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido condenados en relación con 115 casos”.
Observan “novedades importantes” en varias causas y mencionan, entre otras, la condena de Manuel Contreras, ex jefe de lo que fuera la Dirección de Inteligencia Nacional. Contreras “fue declarado culpable de los homicidios del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa” y condenado a prisión perpetua.
La organización defensora de los derechos humanos también se refirió a la situación actual de las cárceles en Chile, donde observó algunos casos de “fuerza excesiva” en los castigos y un “grado de hacinamiento sin precedentes”.
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