Gobierno uruguayo reacciona ante observaciones de ONU por situación en cárceles

Un informe del relator de la ONU Manfred Nowak, conocido la semana pasada, destaca la situación de hacinamiento que viven los presos en las cárceles uruguayas.
Sobre esta, una fuente del gobierno dijo al diario El País de Montevideo, que “En estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos ante el mundo como un país que respeta los derechos humanos, y ahora quedamos pegados por tener una de las cárceles peores del mundo y violar los derechos humanos”.
Ante la observación del organismo internacional, y a su regreso de una gira internacional por China y Chile, el propio presidente Tabaré Vázquez tomó cartas en el asunto.
El mandatario aclaró este lunes en el Consejo de Ministros que “Siempre nos preocupó la situación carcelaria, no es que lo hagamos ahora”, y recordó la ley Humanización Carcelaria, aprobada al comienzo de su gobierno, tras el impulso del ex ministro José Díaz, por la que fueron liberados unos mil reclusos.
Vázquez solicitó a sus ministros un informe con posibles dependencias disponibles, que podrían pasar a funcionar como centros de detención, y ordenó el descongestionamiento de las cárceles, dando quince días de plazo para el comienzo de los traslados.
Entre las posibilidades manejadas en la instancia, el ministro de defensa José Bayardi, informó al mandatario que el Penal de Punta de Rieles (que fuera utilizado como centro de reclusión de mujeres durante la última dictadura) está en condiciones de recibir reclusos.
Por su parte, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, informó a Vázquez que su cartera podía ceder lugares en la Colonia Etchepare (centro de internación psiquiátrica) para “presos vulnerables” o “adictos”.
La ministra del interior, Daisy Tourné, que no estuvo en la instancia de la residencia oficial de Suárez y Reyes, dijo al matutino que el 23 de marzo presentó “lineamientos generales” para descongestionar el sistema carcelario, entre los que se incluía una ley con penas sustitutivas de la prisión.
Tourné agregó que “No hay solución mágica y única. La solución chilena (de privatizar las cárceles) es de un costo altísimo”, y agregó que la custodia de los presos debe estar en manos del Estado.
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