Tal como le sucedió a la joven Delara Darabi el viernes pasado, otros dos iraníes podrían ser ejecutados hoy, como condena por crímenes supuestamente cometidos cuando eran menores de edad. Así lo denunció ayer, en Londres, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).

Darabi fue ahorcada, a los 22 años de edad, tras ser condenada en 2005 por un crimen que aparentemente cometió cuando no había cumplido los 18 años. La organización defensora de los derechos humanos recordó que su muerte elevó a 140 el número de ejecuciones en Irán desde principios de 2009.

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James Robinson, juez federal del Distrito de Columbia, otorgó hoy 491.190 dólares como compensación a un ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, al que se le negó un empleo luego de considerarlo persona no apta para ocuparlo, debido a que anunció que iba a someterse a una cirugía de cambio de sexo.

El protagonista de esta historia es David John Schroer, hoy Diane Jacqueline, legalmente mujer. El casi medio millón de dólares le será pagado por concepto de sueldos atrasados y como compensación por haber sido discriminado, según la información divulgada por la agencia EFE.

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Bajo el nombre “Mensajes contradictorios: medidas antiterroristas y derechos humanos. Los cien primeros días del presidente Obama”, Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en Londres un informe sobre lo hecho hasta el momento y las cuentas pendientes, en materia antiterrorista, del presidente de los Estados Unidos.

La organización sostiene que, a pesar de los avances de Barack Obama en relación a su antecesor, George W. Bush, aún se observan actitudes “contradictorias” en el gobierno. Condenan, en primer lugar, que no se haya llevado aún ante los tribunales a los responsables de los actos de tortura y violaciones de los derechos humanos cometidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba).

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La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que sancione a los gobiernos y a los grupos armados que usan a niños como soldados, que ejercen violencia sexual contra menores y que atacan escuelas.

HRW afirma, en un comunicado, que “estos crímenes han continuado durante años”. La organización exige que se persiga judicialmente, ya sea por tribunales nacionales o por la Corte Penal Internacional, a los comandantes responsables y a los reclutadores de niños.

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Luego de que dos asociaciones de defensa de los derechos humanos presentaran una demanda, la justicia francesa prohibió la exposición denominada Our Body, que presenta cuerpos humanos conservados mediante un tratamiento con silicona, y dio a los organizadores 24 horas para que ésta sea desmontada.

Encore Events -empresa responsable de la especial muestra- anunció de inmediato que apelará la orden, según lo informado por AFP. Our Body estaba en Francia desde el 12 de febrero, habiendo pasado por las ciudades de Lyon y Marsella, para llegar luego a la capital, París, donde debía permanecer hasta el 10 de mayo.

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Las diputadas argentinas Juliana Di Tullio, María Teresa García y Diana Conti presentarán mañana una denuncia penal ante la Cámara del Crimen contra la empresa anglo-holandesa Unilever, debido a que consideran que la última campaña de su producto Axe -un desodorante masculino- viola la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

Las legisladoras sostienen que “Cazadores por instinto”, tal es el nombre de la iniciativa publicitaria, recrea una sociedad primitiva, donde los hombres se identifican según su poder de dominación y conquista femenina. La campaña incluye publicidad televisiva y gráfica, y además un sitio de Internet en el que se puede participar de “Garrotazo de amor”, un juego basado en dar golpes a las mujeres.

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Las protestas de la semana pasada contra el G20 realizadas en Londres tuvieron como saldo un transeúnte que luego de ser derribado brutalmente por un agente de Scotland Yard, muriera de un ataque cardíaco. Casualemnte a dos años que el brasileño Jean Charles de Menezes fuera muerto acribillado, a manos de los policías de la Scotland Yard, tras confundirlo con un posible terrorista.

La Independent Police Complaints Comission (IPCC), es una comisión que oficia con independencia de esta fuerza, y que esta a cargo de examinar todas las demandas efectuadas contra la policía. Dicho organismo esta ahora a cargo también de este caso, para esclarecer la muerte de Iam Tomlinson.

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Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad se informó hoy que se superaron ya las 255 mil firmas necesarias para convocar un plebiscito con el fin de derogar esa ley, que no permitió que los militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad -durante la dictadura vivida en Uruguay entre 1973 y 1985- fueran enjuiciados.

Las firmas recogidas representan el 25 por ciento del padrón electoral de este país sudamericano, que es el porcentaje necesario para solicitar a la Corte Electoral que se convoque a un plebiscito. Carlos Coitiño, portavoz de la coordinadora, anunció que de cualquier forma se plantean “llegar a las 300 mil” firmas en los próximos 25 días, en declaraciones a la radio El Espectador, que reproduce hoy EFE.

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El gobierno mexicano estudia la posibilidad de expulsar de su territorio al franco-español Manu Chao, debido a algunos dichos de éste que podrían considerarse como una intromisión en la política de ese país. Desde el Ministerio del Interior, se está investigando qué dijo, en qué contexto y qué fue lo que pasó, según explicó a la agencia AFP la secretaria de la cartera.

Según medios locales, el cantautor calificó los hechos ocurridos en el conflicto de Atenco en mayo de 2006 -donde se produjeron graves enfrentamientos entre policías y manifestantes- de “terrorismo de Estado”. Probablemente, Manu Chao -identificado siempre con las causas populares- no sea el único que lo piensa.

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Amnistía Internacional emitió este martes un informe en el que difunde las cifras de las ejecuciones de penas de muerte en todo el mundo, durante el año 2008.

Los números presentados por la organización humanitaria, obtenidos a partir de las estadísticas oficiales, datos aportados por ONG defensoras de los Derechos Humanos, e información proveniente de los medios de comunicación, señalan que 2.390 personas condenadas a pena de muerte, fueron finalmente ejecutadas en 25 países, y otras  8.864 fueron condenadas al castigo máximo.

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