Tal como le sucedió a la joven Delara Darabi el viernes pasado, otros dos iraníes podrían ser ejecutados hoy, como condena por crímenes supuestamente cometidos cuando eran menores de edad. Así lo denunció ayer, en Londres, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).

Darabi fue ahorcada, a los 22 años de edad, tras ser condenada en 2005 por un crimen que aparentemente cometió cuando no había cumplido los 18 años. La organización defensora de los derechos humanos recordó que su muerte elevó a 140 el número de ejecuciones en Irán desde principios de 2009.

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Representantes de alrededor de cien etnias nativas de Brasil se instalaron ayer en los jardines de la Explanada de los Ministerios, en la capital del país -Brasilia- en la sexta edición del Campamento Tierra Libre. Allí estarán hasta el próximo viernes, debatiendo acerca de su situación, la cual consideran “crítica” y “miserable”, particularmente en algunas regiones. También esperan ser recibidos por el presidente Lula.

Según lo informado por la agencia EFE, alrededor de quinientos indígenas llegaron desde todas partes del país, en su mayoría en autobús, al predio que rodea los edificios de los organismos públicos, incluidos el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio de Gobierno, actualmente en reformas.

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Bajo el nombre “Mensajes contradictorios: medidas antiterroristas y derechos humanos. Los cien primeros días del presidente Obama”, Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en Londres un informe sobre lo hecho hasta el momento y las cuentas pendientes, en materia antiterrorista, del presidente de los Estados Unidos.

La organización sostiene que, a pesar de los avances de Barack Obama en relación a su antecesor, George W. Bush, aún se observan actitudes “contradictorias” en el gobierno. Condenan, en primer lugar, que no se haya llevado aún ante los tribunales a los responsables de los actos de tortura y violaciones de los derechos humanos cometidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba).

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La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que sancione a los gobiernos y a los grupos armados que usan a niños como soldados, que ejercen violencia sexual contra menores y que atacan escuelas.

HRW afirma, en un comunicado, que “estos crímenes han continuado durante años”. La organización exige que se persiga judicialmente, ya sea por tribunales nacionales o por la Corte Penal Internacional, a los comandantes responsables y a los reclutadores de niños.

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Luego de que dos asociaciones de defensa de los derechos humanos presentaran una demanda, la justicia francesa prohibió la exposición denominada Our Body, que presenta cuerpos humanos conservados mediante un tratamiento con silicona, y dio a los organizadores 24 horas para que ésta sea desmontada.

Encore Events -empresa responsable de la especial muestra- anunció de inmediato que apelará la orden, según lo informado por AFP. Our Body estaba en Francia desde el 12 de febrero, habiendo pasado por las ciudades de Lyon y Marsella, para llegar luego a la capital, París, donde debía permanecer hasta el 10 de mayo.

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El Congreso norteamericano se encuentra estudiando la posibilidad de que se entablen juicios por las torturas sufridas por los prisioneros acusados de terrorismo, durante el gobierno del ex presidente George W. Bush.

Al respecto del tema, el presidente Barack Obama dejó abierta la alternativa de que se realicen juicios a los abogados asesores de la Casa Blanca que en aquel entonces dieron su aval a las prácticas de tortura como método para extraer información de los acusados, pero aclaró que entiende que los agentes que ejecutaron las torturas no deben ser acusados.

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Pueblos Originarios de Paraguay, una nueva organización, agrupará a las poblaciones indígenas de ese país en la defensa de sus derechos. La misma será presentada el próximo 26 de abril, según dijo ayer -Día del Indio Americano- Francisca Centurión, de la etnia Maskoy (originaria de una árida y remota zona ubicada en la frontera con Bolivia y Brasil), a la agencia EFE.

La activista indicó que la entidad tendrá como cometido apoyar la lucha por la tierra, la compra de los territorios que ancestralmente pertenecieron a sus pueblos y ahora han quedado en poder de terratenientes, la defensa de su cultura y la promoción de proyectos productivos. “Ya no queremos que el Gobierno paraguayo se meta con nosotros”, recalcó.

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Enemigos declarados de la comunidad de homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales en Centroamérica (LGTB), son la homofobia, la discriminación y los dogmas religiosos radicales, según aseguran miembros de los colectivos antes mencionados para las Naciones Unidas, reunidos en Panamá.

El análisis que se esta haciendo en el ultimo país mencionado por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales pertenecientes a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá también, esta dirigido a considerar las estrategias que se deben adoptar por parte de dichos colectivos para contrarrestar la discriminación social e institucional a la que están siendo vulnerables. Y que los expone más débilmente frente el virus VIH/sida.

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Un informe del relator de la ONU Manfred Nowak, conocido la semana pasada, destaca la situación de hacinamiento que viven los presos en las cárceles uruguayas.

Sobre esta, una fuente del gobierno dijo al diario El País de Montevideo, que “En estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos ante el mundo como un país que respeta los derechos humanos, y ahora quedamos pegados por tener una de las cárceles peores del mundo y violar los derechos humanos”.

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La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) de Guatemala realizará hoy una marcha pacífica en la capital del país, en la que se prevé que participen entre 8.000 y 10.000 indígenas y campesinos. A su término, las organizaciones entregarán al Congreso -para su análisis y aprobación- la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ésta tiene como objetivo poner fin a la exclusión, la discriminación y el racismo, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estos sectores de la población.

El proyecto de ley fue elaborado por la Conic, la Defensoría Maya (Dema), la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj) y el Centro para la Acción legal en Derechos Humanos (Caldh). Estas organizaciones vienen trabajando para su confección hace dos años, tiempo en el que realizaron diversas consultas a líderes de pueblos indígenas, según lo informado por EFE.

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