Según un informe publicado hoy en Nueva Delhi por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 400 millones de personas pasan hambre en el sureste asiático, a causa de la crisis económica mundial y el aumento del precio de los alimentos y la energía.

“En dos años, el número de personas que sufren de hambre crónica en el sureste asiático aumentó en 100 millones”, señala el informe titulado “Impacto de la crisis económica en las mujeres y los niños en el sureste asiático” acerca de la impresionante cifra.

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Alrededor de 7.000 delegados de pueblos indígenas de América se reúnen a partir de hoy en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (que en el lenguaje de los kunas panameños significa “tierra floreciente”), en la ciudad de Puno, una de las zonas más pobres de Perú y punto de intersección de las culturas quechua y aimara, a orillas del lago Titicaca.

Se trata de una cumbre promovida por diversas organizaciones de todo el continente, en la que analizarán la situación de sus culturas y su relación con los Estados. Las anteriores ediciones fueron celebradas en México, en el año 2000; en Ecuador, en 2004; y en Guatemala, en 2007.

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Alrededor de 500 mujeres demandaron la restitución del aborto terapéutico hoy en Managua, en las inmediaciones del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua. La movilización fue encabezada por la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), en el marco del Día Mundial de Acción para la Salud de las Mujeres.

Las manifestantes portaban mantas y pancartas que reclamaban que la CSJ se pronuncie a la brevedad sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la penalización del aborto. La concentración, que se desarrolló durante unas cinco horas, fue vigilada por la policía que se mantuvo a una prudente distancia.

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Amnistía Internacional (AI) observó en 2008 “algunos avances” en lo que tiene que ver con la puesta a disposición de la justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Chile, pero también denunció la “creciente criminalización” de la protesta social en ese país.

En Chile “los pueblos indígenas y las personas que defendían sus derechos siguieron siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señaló la organización desde Londres, en el marco de su informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo.

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20.000 personas participaron ayer de la decimocuarta Marcha del Silencio por la principal avenida de Montevideo, convocada por la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. La ya tradicional manifestación tiene como objetivo exigir el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, y el enjuiciamiento de sus responsables.

La marcha se realiza el 20 de mayo debido a que en esa fecha de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (del Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (del Partido Nacional), y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. En 2006, el ex dictador Juan María Bordaberry y su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco, fueron procesados por esos crímenes.

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Se desarrolló hoy el V Foro Provincial de Género para la Integración Social de las Mujeres Inmigrantes en Sevilla (España), luego de haber recorrido todas las provincias andaluzas, con el objetivo de abordar la particular situación de este colectivo desde la “diversidad” y la “multiculturalidad”, según lo señalado por Soledad Pérez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Pérez se refirió a la inmigración en Andalucía como un “fenómeno feminizado”, en el cual el 90 por ciento de las mujeres inmigrantes son menores de 49 años. “El rol del género varía en función del país de procedencia”, explicó, en el marco de la presentación del foro.

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Según un informe de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), la homosexualidad es considerada ilegal en 80 países del mundo. El estudio revisa la legislación que criminaliza actos sexuales consentidos y privados entre personas del mismo sexo mayores de edad, y es el tercero que realiza la ILGA, que es una red mundial que cuenta con más de 670 miembros en 110 países.

En Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, y en algunas zonas de Nigeria y Somalia, la homosexualidad es además castigada con la pena de muerte. En Panamá dejó de considerarse ilegal en 2008, en Costa Rica en 2002 y en Burundi recién este año, según indica el informe de la organización y reproduce EFE.

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Uruguay fue observado este lunes en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un nuevo mecanismo de control instaurado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la instancia participaron 46 países, de los cuales la mayoría  formuló diversas observaciones al país sudamericano, que estuvo representado para la ocasión por una comitiva encabezada por el canciller Gonzalo Fernández.

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Gracias al trabajo de la Comisión para Ex Presos Sociales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de España, el Estado de ese país indemnizó con 4.000 euros a un hombre que estuvo en prisión debido a su “condición sexual”, en la época de la dictadura de Franco.

Cuando tenía sólo diecisiete años, Antonio Ruiz pasó tres meses y un día en la cárcel por haber reconocido públicamente su homosexualidad, y ahora es el primer indemnizado por esta causa, luego de doce años de pelea judicial. El fallo supone el “reconocimiento moral y económico de los homosexuales y transexuales que pasaron por las prisiones durante la dictadura”, dijo Ruiz a la agencia EFE.

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Una misión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dedicado a asesorar sobre todas las cuestiones referentes a los pueblos indígenas, ha emitido un comunicado en el que informa que ha constatado en Bolivia la existencia de trabajo forzoso en varias comunidades indígenas del oriente del país.

“Existe trabajo forzoso indígena en algunas regiones de Bolivia, particularmente en el Chaco con relación al pueblo guaraní”, indicaron. Esta situación supone una violación de la Carta de los Derechos Humanos y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada como ley en Bolivia. Representantes del foro estuvieron allí recientemente, invitados por el presidente Evo Morales.

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